Algunas reflexiones desde el ser católicos. Por Nicolás Albertoni.
En estas semanas volvió una pregunta que muchos creían “resuelta” desde 1945: ¿hasta dónde llega el derecho de cada país a decidir su destino, y cuándo —si es que alguna vez— es legítimo que otro intervenga? La cuestión ya no se plantea desde una mirada académica, sino en decisiones concretas, gestos de poder y movimientos geopolíticos que ponen a prueba, en tiempo real, la vigencia de las reglas internacionales.
El mundo atraviesa una etapa de incertidumbre radical. La guerra comercial entre grandes potencias reconfigura cadenas de valor y multiplica aranceles como instrumentos de presión. Las tensiones en Medio Oriente, con países como Irán en el centro de múltiples disputas regionales y nucleares, recuerdan que el equilibrio es frágil y que el uso —o la amenaza— de la fuerza nunca desapareció del todo, sino que hasta parece reverdecer. La discusión sobre Groenlandia, reavivada por declaraciones que plantean su valor estratégico para la seguridad del Ártico, expone hasta qué punto la geopolítica clásica —territorio, recursos, rutas— vuelve a escena con lenguaje del siglo XXI. Al mismo tiempo, en América Latina, el caso venezolano muestra cómo sanciones económicas y energéticas pueden convertirse en herramientas de influencia inmediata, pero no son suficientes para derribar dictaduras, y como pocos pudieron proyectar hace algunos años atrás, en pocas horas se volvió a concretar una intervención militar norteamericana en suelo regional, y esta vez fue casi quirúrgica para llevarse al líder de un régimen autoritario a pagar sus cuentas ante la justicia estadounidense. Mientras tanto la guerra entre Rusia y Europa, teniendo como epicentro Ucrania, sigue sin resolverse y ha vuelto a relocalizar cifras monumentales en seguridad intencional por parte de países que por años venían reduciendo sus presupuestos militares en un mundo que —más allá de los desafíos— mostraba signos de cohesión hace al menos una década atrás.
En medio de todo este contexto reaparece el debate sobre el debilitamiento de Occidente. Líderes y analistas —desde primeros ministros europeos hasta figuras de la política estadounidense— han advertido en los últimos meses sobre una pérdida de cohesión estratégica y moral. Occidente, dicen muchos, ya no actúa con la claridad normativa que lo caracterizó tras la Segunda Guerra Mundial. Otros sostienen que lo que se erosiona no es el poder, sino la confianza en las instituciones y en la coherencia entre discurso y práctica. Y frente a este panorama, la tentación es formular diagnósticos categóricos: ¿estamos ante el fin del multilateralismo? ¿Estamos ante el retorno pleno de las “zonas de influencia”? ¿Se impone definitivamente la lógica del poder sobre las reglas?
Quizá la respuesta más precisa sea menos dramática y más inquietante. No asistimos tanto a la muerte del multilateralismo como a su degradación por sustitución. Las instituciones siguen ahí, los tratados existen, las cumbres se celebran. Pero cuando las reglas estorban, se las rodea con atajos. Cuando el proceso es lento, se lo reemplaza por amenazas arancelarias o sanciones selectivas diseñadas para producir resultados inmediatos. Es una política exterior que premia la inmediatez y castiga la negociación como siempre se entendió.
El multilateralismo clásico funcionaba como un cinturón de seguridad, no impedía la velocidad, pero reducía el riesgo de colisiones mayores. Como se dijera muchas veces en los pasillos de las Naciones Unidas: “el problema del multilateralismo es que no se mide por lo que hace sino por lo que evita, y es difícil promocionar lo invisible”. Lo cierto es que hoy el cinturón incomoda a quienes desean maniobrar con rapidez en un entorno competitivo. Y cuando la soberanía se vuelve “negociable” si un territorio es estratégicamente valioso, o cuando la presión económica sustituye al diálogo, el sistema internacional empieza a parecer más un mercado de poder que una comunidad de derecho.
En ese escenario, América Latina ocupa una posición incómoda. Necesita inversión, acceso a mercados y estabilidad energética, pero también valora —por experiencia histórica— la autonomía y la no intervención. Para países medianos y pequeños, un mundo regido por reglas no es un ideal abstracto, sino una condición de supervivencia. Cuando la norma se debilita, quienes no poseen poder duro son los primeros en pagar el costo.
Hasta aquí, el diagnóstico geopolíitico. Pero la pregunta más profunda es otra: ¿cómo decodificar esta incertidumbre desde una mirada católica?
Aquí resulta iluminadora la figura de santo Tomás Moro, el patrono del mundo político. En tiempos también convulsionados —marcados por tensiones religiosas, luchas de poder y redefiniciones del orden europeo— defendió la unidad entre política y moral. Para santo Tomás, la política no podía separarse de la conciencia ni de Dios. El poder no era un fin en sí mismo, sino una vocación de servicio. Y cuando la supervivencia política exigió renegar de su conciencia, eligió la fidelidad interior aun a costa de su vida. Parece lejana esta visión de los tiempos que vivimos peor no viene mal traerlas a la memoria para recordar las bases que como católicos tenemos para apoyarnos en tiempos de incertidumbres radicales como las que vivimos.
Esa coherencia interpela nuestra época. En un mundo que privilegia la eficacia inmediata, la mirada cristiana recuerda que no todo lo posible es legítimo. La doctrina social de la Iglesia insiste en la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad como criterios permanentes. Aplicados a la geopolítica, esos principios significan que la soberanía no es una mercancía, que el desarrollo no puede desligarse de la justicia, y que la seguridad no justifica cualquier medio.
«Para santo Tomás, la política no podía separarse de la conciencia ni de Dios. El poder no era un fin en sí mismo, sino una vocación de servicio»
Nicolás Albertoni
Utopía, la obra más célebre de Tomás Moro, no fue un manual ingenuo, sino una crítica profunda a las injusticias de su tiempo. Al imaginar una sociedad ordenada por la razón y orientada al bien común, señalaba las fallas estructurales de la Europa que conocía. Su propuesta de un derecho claro y justo, arraigado en el derecho natural, recordaba que la ley no es mero instrumento del poderoso, sino expresión de una moral objetiva.
Desde una perspectiva católica, entonces, la actual competencia geopolítica no puede analizarse solo en términos de intereses y equilibrios. También exige discernimiento moral. ¿Qué decisiones fortalecen el bien común internacional y cuáles lo erosionan? ¿Qué políticas respetan la dignidad de los pueblos y cuáles los reducen a piezas de un tablero? ¿Dónde se está privilegiando el servicio y dónde la autocomplacencia del poder? Quizá desde algunas de estas preguntas podríamos buscar en empezar a entender el mundo de hoy.
Ser católico en tiempos de incertidumbre no implica ingenuidad ni desinterés por la seguridad nacional, la soberanía, ni la certidumbre geoeconómica. Implica, más bien, recordar que la política es una forma eminente de caridad cuando se orienta al bien común. Y reconocer que, aun en un sistema internacional imperfecto, la fidelidad a principios —verdad, justicia, respeto la dignidad dignidad humana— no es debilidad de corto plazo, sino fortaleza de largo plazo. Quizá aquí radique el principal incentivo a mirar la incertidumbre con una mirada cristiana: es justamente en estos tiempos donde tenemos que apoyarnos de las raíces firmes.
Posiblemente el mayor riesgo de esta etapa no sea la existencia de conflictos, sino la normalización del “puedo, entonces hago”. Frente a esa lógica, la tradición cristiana propone otra: “antes del puedo, preguntarme si mi accionar es justo”. En esa pregunta —incómoda, exigente, a veces costosa— se juega no solo la coherencia personal, sino la calidad moral del orden internacional que estamos construyendo. Porque cuando el ruido coyuntural termine, quedarán los cimientos.
En definitiva, la geopolítica cambia, pero las bases de nuestra condición humana no. Y si la política vuelve a tensionar la frontera entre reglas y poder, entre conciencia y conveniencia, la respuesta católica no es retirarse del debate, recordando que toda autoridad auténtica es servicio y que ninguna estrategia, por sofisticada que sea, puede sustituir la primacía de la verdad y la dignidad humana.
Iglesia Católica de Montevideo