Reflexión desde la administración de la Arquidiócesis de Montevideo
Es una pregunta vieja, filosa y bastante recurrente. Aparece cuando se mira el Vaticano, cuando se habla de una diócesis, cuando trasciende una inversión fallida o, simplemente, cuando alguien ve una iglesia imponente y piensa en cuánta necesidad hay alrededor. Si la Iglesia quiere ayudar a los pobres, ¿por qué no vende todo y reparte la plata?
La pregunta tiene fuerza. Pero también tiene trampa. Porque supone que los bienes de la Iglesia son, en esencia, riqueza acumulada y disponible, como si fueran un tesoro guardado, listo para ser liquidado. Y no es así.
La vida de la Iglesia, tanto a nivel universal como en cada parroquia, diócesis, colegio u obra social, necesita bienes concretos para sostener su misión: templos, salones, casas, centros educativos, vehículos, oficinas y espacios para la catequesis, la atención social, la formación y la vida comunitaria. También imágenes, vitrales, altares, edificios y objetos con valor histórico, artístico y espiritual. Muchos de esos bienes forman parte del patrimonio cultural de un pueblo o incluso de la humanidad. Otros fueron donados para un fin específico: el culto, una obra determinada, la vida de una comunidad. No se los puede mirar simplemente como si fueran plata guardada en un cajón.
También en la realidad local pasa algo parecido. Hay inmuebles recibidos como donación, herencias, aportes económicos, ahorros y bienes sostenidos durante años por la colaboración generosa de los fieles. Todo eso fue fruto de la fe y del compromiso de mucha gente que quiso aportar para que la Iglesia pudiera celebrar, evangelizar, educar, acompañar y servir. Por eso, administrarlo bien no es un gesto de apego al dinero, sino una responsabilidad.
A veces, cuando se habla de administración, reservas o inversiones, aparece cierta incomodidad, como si fuera algo poco evangélico. Pero una cosa es el apego desordenado a la riqueza, y otra muy distinta es la buena administración de recursos puestos al servicio de una misión. La Iglesia no vive del aire. Tiene cuentas, gastos, mantenimiento, sueldos, reparaciones, obras, proyectos y personas concretas que acompañar. Hay voluntarios, sí, pero también trabajadores remunerados en tareas de secretaría, cocina, mantenimiento, logística, administración, comunicación y servicio social. Y es justo que reciban su salario y sus derechos laborales.
Además, la Iglesia sostiene mucho más que celebraciones. Sostiene personas y procesos. En Uruguay desarrolla cientos de iniciativas sociales y educativas: reparte comida, ofrece alojamiento, acompaña a personas en situación de calle, ayuda a salir de adicciones, brinda herramientas laborales, sostiene espacios educativos y acompaña matrimonios, familias, niños, adolescentes, mujeres y liberados del sistema carcelario. Todo eso necesita organización, recursos, continuidad y previsión.
Por eso no está mal invertir. Lo que está mal es hacerlo sin prudencia, sin controles o sin criterios claros. Pero invertir, en sí mismo, no es contrario al Evangelio. Si una comunidad recibe donaciones, arma un fondo de reserva o busca que ciertos recursos generen un rendimiento razonable para sostener obras presentes y futuras, eso puede ser legítimo e incluso aconsejable. En lenguaje bíblico, los talentos no se entierran: se administran con responsabilidad para que den fruto.
Naturalmente, eso no quita que pueda haber fallas e imprevistos. Justamente por eso conviene mirar el tema con seriedad. No para concluir apresuradamente que la Iglesia no debería administrar ni invertir nunca, sino para reforzar algo clave: la necesidad de actuar con discernimiento, buenos controles, profesionalidad y transparencia.
Y aquí aparece un punto central. Si los bienes de la Iglesia están al servicio de la misión, entonces su administración tiene que ser clara, honesta y responsable. No alcanza con hacer las cosas de buena fe: también hay que poder explicarlas, rendir cuentas y construir confianza. La transparencia no es un lujo ni una concesión a la crítica externa. Es una forma concreta de comunión y de justicia con quienes colaboran, confían y sostienen la vida de la Iglesia.
En el fondo, el tema no es si la Iglesia debe tener bienes o no. El verdadero tema es para qué los tiene y cómo los usa. Si los bienes sirven para el culto, la evangelización, la educación, la caridad y el acompañamiento de los más pobres, entonces no son un escándalo: son herramientas.
La pobreza evangélica no consiste en improvisar ni en destruir todo lo recibido. Consiste en vivir sin adueñarse, sin hacer del dinero un ídolo, y poniendo siempre los bienes al servicio del reino. A veces, vender algo puede ser lo correcto. Otras veces, lo más responsable será conservar, mantener, invertir o reordenar. No hay una única respuesta automática. Lo importante es que las decisiones estén guiadas por la misión, por el bien común y por una verdadera responsabilidad pastoral.
Quizás convenga, entonces, correr un poco la pregunta inicial. No tanto “por qué la Iglesia no vende todo”, sino “cómo puede administrar mejor lo que recibió para servir mejor”. Ahí hay una discusión mucho más fecunda. Porque en la Iglesia, el dinero no debería ser nunca un fin. Pero sí puede y debe ser un medio, bien cuidado y bien orientado, para que el Evangelio siga haciéndose concreto en la vida de tantos.
Iglesia Católica de Montevideo