En Uruguay, basta que asome una referencia a Dios o que una autoridad religiosa adquiera cierta visibilidad pública para que alguien denuncie, con tono de alarma, una supuesta “violación de la laicidad”.
El problema comienza porque la misma palabra sirve para defender la saludable separación entre las iglesias y el Estado, parte fundamental de nuestra tradición republicana, y también para reclamar que la religión desaparezca de la vida pública o que quienes profesan una fe se abstengan de opinar sobre cuestiones éticas, sociales o políticas.
Un Estado laico no tiene religión oficial, no sostiene una confesión, no gobierna según la doctrina de una Iglesia y no puede obligar a nadie a creer o vivir de acuerdo con una doctrina particular. En Uruguay, esto quedó consagrado en el artículo 5.º de la Constitución: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna”. La separación fortaleció al Estado y dio a las iglesias mayor autonomía frente al poder político.
Laicidad, laicismo y secularización suelen confundirse, aunque designan fenómenos distintos. La secularización es el proceso histórico y cultural por el cual diversas esferas sociales adquieren autonomía respecto de la autoridad religiosa. Nuestra sociedad está muy secularizada y prescinde de la religión en una forma singular en América Latina. La laicidad, por su parte, es el modo jurídico y político de organizar la convivencia entre ciudadanos con convicciones diferentes. Un Estado puede ser laico y su sociedad profundamente religiosa, como ocurre en México o Estados Unidos. Pero el laicismo convierte esa forma de convivencia en una ideología de exclusión, porque mira la religión como un residuo incómodo, tolerable en la intimidad y sospechoso cuando se vuelve visible o interviene en una discusión pública. Aunque en algunos contextos ambos términos se usen como sinónimos, conviene distinguir la laicidad como marco de libertad de la mirada laicista, que considera la religión un vestigio infantil, primitivo, dogmático y oscurantista que debería ser superado.
¿Para qué existe la laicidad?
Según el filósofo canadiense Charles Taylor, con frecuencia confundimos los fines de la laicidad con los procedimientos destinados a alcanzarlos. Sus fines son la libertad de conciencia y la igualdad de trato. La separación entre las instituciones religiosas y el Estado, junto con la neutralidad estatal, son instrumentos para protegerlas. El problema aparece cuando esos instrumentos se sacralizan y se pierde de vista aquello que debían cuidar. La separación puede entonces degenerar en exclusión, y la neutralidad, confundirse con indiferencia ante las creencias o incluso con hostilidad cultural. La libertad religiosa queda reducida a un permiso privado: se puede creer lo que se quiera, siempre que la fe no se haga demasiado visible, permanezca dentro del templo y no influya en las decisiones públicas. Esa libertad amputada se parece bastante poco a la libertad de conciencia. Las convicciones religiosas no son gustos decorativos, como preferir el café o el mate, el fútbol o las artes marciales. Para millones de personas constituyen una interpretación de la existencia, orientan deberes morales y ayudan a decidir qué vida consideran valiosa. Dan sentido al conjunto de la vida. Algo semejante ocurre, de otro modo, con las convicciones filosóficas no religiosas. Un humanista secular, un materialista ateo o un agnóstico también interpreta a la persona, la justicia y el sentido de la vida desde ciertos presupuestos metafísicos implícitos.
La neutralidad estatal exige que ninguna de esas visiones sea presentada como normal mientras las demás quedan relegadas a la condición de particulares. También impide que cualquiera de ellas se apropie del Estado y garantiza que todos los ciudadanos reciban la misma consideración.
El peculiar camino uruguayo
Uruguay construyó una separación particularmente intensa. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX se secularizaron los cementerios, la educación, el registro civil y el matrimonio. Se retiraron crucifijos de los hospitales, se eliminó la referencia a Dios del juramento parlamentario y, después de la separación constitucional, se modificaron nombres de pueblos y celebraciones. Este proceso solo puede comprenderse atendiendo a los conflictos de la época, la debilidad institucional del catolicismo uruguayo, la influencia de la masonería y el positivismo, y las posturas antimodernas presentes en sectores de la propia Iglesia.
Sería infantil narrar esta historia como una lucha entre héroes laicos y villanos religiosos. Tampoco corresponde invertir los papeles y presentar a la Iglesia como una víctima inocente. El conflicto fue más complejo. La separación resolvió un problema real y abrió un marco de mayor libertad. Sin embargo, junto con ese logro jurídico se afianzó un dogma cultural y político: la idea de que modernizar el país exigía volver invisible la religión y confinarla a la vida privada.
La inspiración jacobina aspiraba a una ciudadanía homogénea, donde la diversidad es un problema. Las diferencias profundas, sobre todo las religiosas, eran vistas como una amenaza para la unidad del cuerpo social y debían recluirse en la vida privada. José Enrique Rodó ya había advertido, en su polémica con Pedro Díaz sobre liberalismo y jacobinismo, que una defensa dogmática de la libertad puede terminar lesionando la libertad concreta de personas reales. El Estado que buscaba emanciparse de una religión corría el riesgo de adoptar los gestos de una nueva religión civil, con símbolos intocables, mitos, ritos, dogmas y herejías.
Cuando se afirma que “Uruguay es laico”, a menudo se habla como si la sociedad entera debiera serlo en el mismo sentido que el Estado. El Estado es una estructura jurídica; la sociedad está formada por personas. Hay ciudadanos católicos, evangélicos, judíos, umbandistas, musulmanes, agnósticos, ateos y creyentes sin afiliación. El Estado no profesa una fe, pero muchos de sus ciudadanos, sí. Además, en Uruguay se suele confundir el Estado con el espacio público. Una plaza, un medio de comunicación, una universidad o una discusión parlamentaria forman parte de la vida pública, pero no por eso toda palabra pronunciada allí se convierte en doctrina oficial. Confundir ambos planos lleva a exigir que el creyente deje sus convicciones en la puerta antes de ejercer la ciudadanía. Curiosamente, rara vez se reclama una operación semejante a quien se declara ateo o agnóstico, como si solo las convicciones religiosas impidieran la neutralidad.
La falsa neutralidad
En los debates sobre educación, familia, bioética, pobreza o salud, aparece una frase que suele clausurar un intercambio razonable: “Eso usted lo dice porque es católico”. Es comprensible que la fe influya profundamente en lo que una persona piensa. Eso no impide que sus posiciones puedan defenderse mediante razones filosóficas o científicas, sin apelar a una doctrina revelada. De hecho, determinadas concepciones antropológicas, éticas y políticas son compartidas por creyentes, ateos y agnósticos. Lo honesto sería preguntar a quien habla desde una tradición religiosa, si su argumento es razonable, si se apoya en pruebas y si puede ser comprendido y discutido por alguien que no comparte su fe. Descalificarlo de entrada supone que su razonamiento está “contaminado” y que los demás hablan desde una improbable asepsia epistemológica.
Descalificar una idea por la identidad religiosa de quien la sostiene constituye una falacia ad hominem elemental. Si un católico presenta razones antropológicas, jurídicas o científicas, corresponde examinarlas y responderlas. El creyente tampoco puede pretender que una cita bíblica o la autoridad de su Iglesia obliguen a quienes no reconocen esa autoridad. En una democracia plural, todos deben esforzarse por ofrecer argumentos accesibles a los demás. El origen de una voz no invalida de antemano lo que afirma.
La misma exigencia rige para las posiciones seculares. El materialismo no equivale a carecer de una visión del mundo, como tampoco el positivismo o el cientificismo están libres de supuestos dogmáticos o reduccionistas. El relativismo moral no se desprende espontáneamente de los hechos, sino que implica una toma de posición previa. Estas perspectivas tienen una historia, supuestos filosóficos y consecuencias prácticas, y por eso pueden ser discutidas. De este mismo modo, el laicismo se vuelve dogmático cuando oculta sus propios compromisos y presenta como neutralidad una posición particular que pretende quedar fuera de toda crítica.
El filósofo alemán Jürgen Habermas, poco sospechoso de nostalgia confesional, comprendió que las democracias necesitan un aprendizaje recíproco entre ciudadanos religiosos y no religiosos. Las tradiciones religiosas conservan lenguajes morales, experiencias de solidaridad y preguntas por el sentido que merecen ser escuchadas. Ese reconocimiento también exige que las religiones acepten el pluralismo, la autonomía del derecho y la imposibilidad de imponer su verdad mediante el poder estatal. La convivencia democrática requiere traducción, crítica y disposición a escuchar.
Los riesgos reales
Defender una laicidad abierta no exige ingenuidad, porque también es cierto que la religión puede utilizarse para conquistar votos, y algunas comunidades buscan privilegios o influencia a cambio de apoyo electoral. También existen fundamentalismos incapaces de reconocer la libertad de quien piensa distinto. Cuando una organización religiosa pretende capturar el Estado, obtener ventajas indebidas o convertir su doctrina en ley al margen de la deliberación democrática, la laicidad debe poner límites claros.
El abuso de la religión no justifica expulsarla del debate público, del mismo modo que la corrupción partidaria no justificaría prohibir los partidos. Frente al fanatismo, la democracia debe aplicar las mismas reglas a todos. Nadie puede imponer su credo ni reclamar privilegios; todos conservan la libertad de argumentar y responden por lo que afirman.
La participación de una autoridad estatal en una ceremonia religiosa puede ser impropia si expresa la adhesión oficial a un credo. Su asistencia, sin embargo, puede tener el sentido distinto de un gesto de respeto hacia una comunidad. Ante una controversia sobre la laicidad, no conviene preguntar si algo “tiene religión” o procede de ella, como si el contacto fuera contaminante. Lo relevante es determinar si hay coerción, privilegios, discriminación o apropiación institucional, y si la libertad o la igualdad resultan afectadas.
Una república que no teme escuchar
La laicidad bien entendida no decide qué religión es verdadera ni si Dios existe. Tampoco convierte el ateísmo en el idioma oficial del espacio común. Su tarea consiste en proteger la conciencia frente a cualquier poder que pretenda gobernarla y ofrecer un marco en el que las diferencias puedan hacerse visibles sin transformarse en dominación.
El laicismo conserva el vocabulario de la neutralidad, pero lo usa para administrar sospechas y discriminar. Acepta la religión como patrimonio, obra social, ceremonia privada o recuerdo familiar. El problema aparece cuando una convicción religiosa intenta ofrecer razones sobre los asuntos comunes: entonces llega la orden de volver a la sacristía. El resultado es una ciudadanía jerarquizada, donde algunos hablan desde una racionalidad que se presume universal; quienes tienen fe deben justificar primero su derecho a participar, y solo después se considera lo que dicen.
El desafío consiste en aprender a vivir una pluralidad que ya existe, sin pedir a nadie que finja carecer de raíces o convicciones profundas. Una laicidad madura requiere instituciones imparciales y ciudadanos capaces de discutir con razones, sin obligarlos a vaciarse de identidad. Su madurez aparece cuando protege la libertad de quien piensa distinto, sobre todo si esa voz incomoda.
Iglesia Católica de Montevideo