¿Qué dice el documento que habla del desafío ético y político de eliminar el sufrimiento y no a las personas?
Prudencia Uruguay es una iniciativa de un grupo de ciudadanos de diferentes generaciones, ideologías, creencias y partidos políticos, que coinciden en que el Uruguay no debería legalizar la eutanasia, ni el suicidio asistido, y sí universalizar los cuidados paliativos. Si bien los voceros de la iniciativa son quienes aparecen al frente de la misma, han logrado conformar un grupo horizontal y multidisciplinario de reflexión sobre el tema, que presentó en el Palacio Legislativo el jueves 22 de octubre un documento titulado “Prudencia Uruguay: razones para no legalizar la eutanasia ni el suicidio asistido”.
“El proyecto para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido nos ha colocado a todos los uruguayos ante un dilema ético y político, tan trascendente como complejo. Al tratarse de un asunto de vida o muerte no podemos resolverlo con liviandad. Conscientes de lo que está en juego, hacemos un llamado a la prudencia, a la necesidad de informar debidamente sobre sus efectos a todos los uruguayos, y a un discernimiento político responsable”, se explica en el documento.
Además, en el documento se reclama un “tiempo razonable no menor a dos años, que permita a los uruguayos comprender en profundidad lo que está en juego, informarse debidamente, y realizar una reflexión colectiva, a través de un diálogo abierto y respetuoso, en el marco de un auténtico pluralismo que contribuya a reconocer los derechos de todos y a cuidar de los más débiles”.
Los voceros de Prudencia Uruguay son Alejandra Sosa, Ana Guedes, Miguel Pastorino, Rodrigo Goñi, Delia Sánchez, María Lourdes González, Marta Bové, Sofía Marurí, Diego Velasco y Marco Di Segni, aunque irán sumando algunos más. El grupo ha logrado conseguir en pocas semanas unas 300 adhesiones, entre los cuales encontramos legisladores de todos los partidos y referentes académicos, políticos y culturales. Entre ellos los acompañan Humberto Casarotti, Walter Dressel, Luis Villalba, Gustavo Arroyo, Aurelio Fernández, Álvaro Vázquez, Susana Monreal, Pedro Bordaberry, Álvaro Ahunchain, Alejandro De Barbieri y los diputados Alvaro Lima (FA), Enzo Malán (FA), Nelson Larzábal (FA), Javier Radiccioni (PN), Cecilia Fros (PN), Pablo Viana (PN), Aldo Lamorte (PN), Alvaro Dastugue (PN), Elsa Capillera (CA) Jorge Alvear (PC), Eduardo Elinger (PC) y Martín Melazzi (PC).
Las siete razones fundamentales
Dentro del documento se enumeran siete razones por las que se plantea que legalizar la eutanasia es algo negativo. Primero, se explica que se comparte la finalidad de aliviar el sufrimiento, pero no de eliminar a las personas, y la de respetar la libertad del paciente de no querer recibir tratamientos innecesarios, conforme ya lo establece la legislación vigente (Ley 18.473). Segundo, se explica que la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la vida de las personas más indefensas, ya que “muchas personas en nuestra sociedad se encuentran desamparadas, abandonadas por su familia, sin un ambiente que dé sostén a su vida”.
Tercero, se señala que la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la libertad de los más vulnerables; y en cuarto lugar que atentan contra la dignidad de las personas. Quinto, respecto a la labor de los médicos, el documento explica que pedirle al médico que sea quien tiene el poder de juzgar si una vida vale o no y, en función de eso, darles muerte legal a sus pacientes, pervierte la naturaleza fundamental de su vocación… “Le genera un grave conflicto moral y emocional, cargando en él una responsabilidad que no corresponde a su profesión”, se expresa en el documento.
En sexto lugar, al ver el ejemplo de otros países, explica el documento, la legalización de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, aumenta el riesgo de vida de los pacientes de las instituciones de salud, en la medida en que puede hacer más fuerte la tentación de disponer de sus vidas, para lograr una gestión más redituable desde el punto de vista económico. “Es lo que está ocurriendo en los países que han avanzado en legalizar estas prácticas”, detalla. A su vez, en el séptimo punto, se habla de que la legalización trae consecuencias sociales y políticas para las próximas generaciones. “La eutanasia y el suicidio médicamente asistido no son una cuestión exclusivamente individual, sino un hecho social muy complejo, y que pasen de ser delito, a ser derecho, afecta a todos los uruguayos, no solo a casos particulares. Cuando se establece o se quita un delito lo que hace el Estado es definir cuáles son los valores más importantes para la sociedad”, señala.

El documento se encuentra en www.prudenciauy.org.uy. M. PELOCHE
Un equipo interdisciplinario
La Dra. Sofía Maruri, una de las voceras de Prudencia Uruguay afirma que este es “un tema complejo, que necesita un abordaje desde distintas ópticas: el derecho, la medicina (en especial el área de cuidados paliativos), la psicología, la filosofía y la ética”. Maruri es abogada y docente de Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo (UM) y está realizando un Máster en Derechos Humanos en Inglaterra.
“Cuando se presentó el proyecto de ley en el Parlamento, varias personas entendieron que la legalización de la eutanasia no era la respuesta para aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales. Para eso se creó un grupo de Whats App para intercambiar ideas sobre cómo abordar el tema y cómo buscar soluciones alternativas que busquen aliviar, pero sin eliminar la vida. A raíz de esto, surgió la idea de crear un equipo interdisciplinario, que aportara conocimiento para el debate y la reflexión sobre este tema tan delicado: Prudencia Uruguay”, agregó la Dra. Maruri.
“Matar va en contra de los fines de mi profesión”
La Dra. Delia Sánchez, vocera de Prudencia Uruguay, médica y coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), afirma que “como sociedad, postulamos que los derechos humanos son irrenunciables, y siendo el derecho a la vida el primero y en el que se fundamenta el ejercicio de todos los demás, estaríamos desmontando uno de los principales conceptos relativos a la defensa de los derechos humanos. Abriendo esa puerta, podríamos admitir que las personas renunciaran a algunos derechos para asegurarse otros”.
A su vez, agregó que “considerar el cuerpo como `propiedad` y no `lo que soy` también es un error, ya que para ello debería haber una separación entre poseedor y cosa poseída, lo que obviamente no ocurre. Si el cuerpo fuera una propiedad, podríamos, por ejemplo, considerar aceptable vender partes de él. Si mi cuerpo es `lo que soy`, el suicidio es la destrucción del ser y no debería ser presentado como una solución al sufrimiento por parte de ningún Estado”.
Desde su lugar de médica, explica: “Matar va en contra de los fines de mi profesión y de mi vocación. Los médicos buscamos curar cuando sea posible, aliviar y acompañar, no matar. Por ejemplo, en caso de guerra el personal de salud no lleva armas y se considera un crimen de guerra atacar los servicios médicos. Creo que no se ha pensado en las consecuencias a largo plazo de esta desnaturalización de nuestra profesión.
“El argumento de la libertad es contradictorio”
El filósofo Miguel Pastorino afirma que existe una gran confusión con respecto al tema de la eutanasia: “Muchos creen que la eutanasia es una práctica común y eso no es cierto, porque la eutanasia es dar muerte a un enfermo y se la confunde con sedarlo. La eutanasia es una forma de homicidio, por eso es delito y por eso está condenada por todos los códigos de ética médica. Es preciso aclarar que dejar de prolongar la vida biológica de alguien que se encuentra en situación terminal o irreversible, no es eutanasia. Hay que insistir que desconectar a alguien con muerte cerebral no es eutanasia, porque ya está muerto. Que sedar a un paciente para que pierda la conciencia unas horas o días antes de morir, no es eutanasia (…) Porque eutanasia es matar a alguien que lo solicita en un contexto médico, en lugar de aliviarle el sufrimiento”.
Sobre el reclamo del “derecho a morir”, como legitimación del suicidio, Pastorino afirmó: “El argumento de la libertad es contradictorio, porque solo se lo predica para enfermos terminales. Pero una persona joven y sana no tendría derecho a pedir eutanasia, con lo cual el argumento no es la libertad. Además, el enfermo en su vulnerabilidad es menos libre de decidir con claridad que una persona que no está sufriendo. La paradoja de todo esto es que se predique un supuesto derecho a morir solo para las vidas que se consideran indignas, clasificando seres humanos. Y en último término el que decidiría es un médico, dándole licencia para matar a sus pacientes, yendo contra la ética de su profesión”.
Leé el documento completo
El documento “Prudencia Uruguay: razones para no legalizar la eutanasia ni el suicidio asistido” está disponible en formato online en www.prudenciauy.org.uy, donde también las personas se pueden adherir al proyecto vía web. Se pueden seguir las novedades en el Facebook “Prudencia Uruguay”, Twitter “@prudenciauy” y/o en el Instagram “@prudenciauy”.
1 Comment
Estoy de acuerdo en acrecentar los cuidados paliativos.No volvamos a siglos pasados, donde el Monte del Peloponeso, era el lugar de práctica de la eutanasia.