La Iglesia católica en el bicentenario

El Uruguay, la “banda oriental” de los tiempos coloniales, fue tierra de colonización y de evangelización tardías en Iberoamérica. Sin riquezas minerales y sin población indígena numerosa o acogedora, la región fue juzgada “de ningún provecho” hasta el siglo XVII. Para entonces, su ubicación estratégica y su proximidad a la línea de Tordesillas comenzaron a dar sentido nuevo a su poblamiento. Por Susana Monreal.

La acción misionera en tierra oriental se inició 150 años más tarde que en los grandes centros de evangelización del Imperio español. La obra de franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas fue una realidad en nuestra campaña, pero con resultados variados. Solo los jesuitas desarrollaron exitosamente la cristianización de los guaraníes de la región Norte; y grupos de guaraníes misionados se integraron a la campaña oriental en oleadas, como consecuencia de la Guerra Guaranítica y de la posterior expulsión de la Compañía de Jesús del Imperio en 1767. En consecuencia, la población rural fue poco arraigada y sin hábitos sacramentales, a excepción del bautismo.

En cuanto a la vida urbana, a la fundación portuguesa clandestina de la Colonia del Sacramento, en 1680, siguió la de Montevideo. La ciudad española de San Felipe y Santiago de Montevideo, fundada entre 1724 y 1730 como ciudad militar y como puerto comercial, reafirmó el poder español en el Río de la Plata. Asunción tenía 200 años de vida, San Pablo 170 años, y Buenos Aires había sido fundada por segunda vez 150 años antes. La sociedad montevideana ―con 15.000 habitantes hacia 1800― se caracterizó por la sencillez y sobriedad de sus soldados y comerciantes. Los primeros evangelizadores fueron los padres jesuitas, sustituidos por los franciscanos luego de su expulsión. Impregnada de una austera religiosidad de fuerte cuño franciscano, con clero escaso y organización eclesial mínima, dependiente del obispado de Buenos Aires, se trataba de una sociedad ciertamente cristiana pero reducida, que experimentó grandes cambios en el transcurso del siglo XIX.

Una república cristiana

Superando veinte años de revoluciones, inestabilidad política y dominios extranjeros, Uruguay nació a la vida independiente en 1830. La independencia fue el resultado de la revolución de 1825, cuyos protagonistas buscaron el amparo de la Virgen del Pintado, más tarde Virgen de los Treinta y Tres. Aquella talla de la Inmaculada Concepción, de origen guaraní misionero, había llegado en el siglo XVII a la región y se convertiría en referente para los orientales. Ciento setenta años más tarde, Mons. Mariano Soler haría colocar, en la catedral de Florida, junto a esta imagen, la placa de mármol que declara: “Ante ella los Treinta y Tres inclinaron su bandera e invocáronla también los convencionales de la independencia”.

El inicio de la vida republicana estuvo cargado de fragilidades: independencia sorpresiva, debilidad social y demográfica, economía frenada, malas comunicaciones y falta de educación organizada, soberanía limitada. La Constitución de 1830 estableció, en su Artículo 5.°, que “la Religión del Estado es la Católica Apostólica Romana”, y la república nació cristiana.

Los primeros cincuenta años del Estado Oriental constituyeron la etapa de afirmación del nuevo Estado, apegado a las tradiciones y todavía fuertemente integrado a la vida y a la cultura regionales. Esta fue la “primera república”: la del nacimiento y enfrentamiento de los partidos uruguayos tradicionales ―blancos y colorados―, de caudillos y “doctores”, de intervenciones extranjeras, de estancia tradicional y primitiva industria del saladero, de conciencia nacional aún débil. La Iglesia católica local vivió entonces, y hasta 1878, su etapa de vicariato. En 1825, se dio un avance significativo cuando Mons. Giovanni Muzi, representante pontificio que recorrió la región en 1824 y 1825, designó a Dámaso Antonio Larrañaga (1832-1848) ―de respetada familia, cura de referencia y destacado naturalista― delegado apostólico, con facultades de vicario capitular. Ya definida la independencia, en agosto de 1832 se concretó la creación del vicariato apostólico que ocuparon sucesivamente Dámaso A. Larrañaga, Lorenzo Fernández (1848-1852) y José Benito Lamas (1854-1857).

A partir de 1875, se define una nueva etapa de la historia del país y de toda la región, la del Uruguay moderno y “disciplinado” en sus costumbres. El país había cambiado en sus partidos, en sus caudillos, en el Estado de poder consolidado y de creciente protagonismo económico y social. El Uruguay moderno recibió un intenso flujo de inmigrantes, y se trasformó en una nación con un nuevo estilo empresarial, en el campo y en la ciudad, de enseñanza primaria obligatoria, de universidad positivista, y de conciencia nacional ya definida. En cuanto a la vida eclesiástica, la organización y la orientación de la Iglesia uruguaya habían iniciado una etapa de renovación y consolidación en 1859, al concretarse el nombramiento de Jacinto Vera como vicario apostólico. Estos cambios recibieron un fuerte respaldo del papa León XIII, quien, por bula del 13 de julio de 1878, creó el obispado de Montevideo, siendo Mons. Vera su primer titular.

Iglesia católica, estado moderno y proceso de secularización

En Uruguay, el proceso de secularización, de lenta pero segura diferenciación de la sociedad civil de las instituciones religiosas, se desarrolló a partir de mediados del siglo XIX. Este proceso transnacional redefinió el lugar de la religión en las sociedades occidentales. En nuestro país, incidió profundamente en la vida cultural y en el campo educativo, dado que supuso la progresiva eliminación de la dimensión no solo cristiana sino también espiritual de las labores educativas públicas.

Múltiples factores influyeron en la progresiva secularización de la sociedad uruguaya. Primeramente, el fuerte movimiento inmigratorio, que se afirmó en el Uruguay al terminar la llamada Guerra Grande. El país que tenía alrededor de 70.000 habitantes en 1830, superaba los 130.000 en 1852; en 1874 la población alcanzaba 420.000 habitantes, y ya eran 800.000 en 1894. De la fusión de orientales criollos e inmigrantes de variados orígenes nació un “pueblo nuevo”, que también manifestó de manera diversa su espíritu religioso. También llegaron inmigrantes no cristianos: italianos garibaldinos, anarquistas catalanes.

Y si en un principio, los recién llegados se acercaban a la parroquia y al cura en busca de protección y consejo, por ejemplo, sobre la educación de sus hijos, a partir de 1877 se produjo un cambio importante. La obra de José Pedro Varela, en la educación primaria, y la de Alfredo Vásquez Acevedo, como reorganizador de la universidad, representaron hitos significativos. La educación popular, de gestión pública, fue asumida plenamente por el Estado a partir del decreto-ley de Educación común del 24 de agosto de 1877: la reforma escolar ofreció a todos los niños educación pública gratuita y obligatoria, con formación cristiana optativa. En concreto, el principio ―laicista que eliminaba la formación religiosa de las escuelas públicas― provocó divisiones entre los numerosos interesados en la educación popular. El católico Francisco Bauzá pudo afirmar: “el único campo neutral donde todos fraternizábamos ―la educación del pueblo― se ha transformado en campo de odiosidades” (De la Educación Común, 1879).
Entretanto, los reducidos pero influyentes sectores intelectuales también se distanciaron de la filosofía cristiana. A partir de 1860, llegaron al Uruguay y a toda América Latina, corrientes de pensamiento no cristianas que ejercieron una poderosa influencia sobre la juventud estudiosa y levemente cristianizada. El racionalismo espiritualista, a partir de 1865, y el positivismo de raíz anglosajona, desde 1875, promovieron en los círculos intelectuales y universitarios la “crisis de la fe cristiana”, primero, y la “crisis de la idea de Dios”, un poco más tarde, en palabras de Arturo Ardao (Racionalismo y liberalismo en el Uruguay, 1962).

En este contexto, se enfrentaron la Iglesia católica y el Estado uruguayo moderno, progresivamente anticlerical. El camino de la secularización comenzó en 1861 con el decreto de secularización de los cementerios. Por decreto-ley de 1879 se estableció el Registro del Estado civil que volvía obligatoria la inscripción civil de cada nacimiento. En 1885 fueron promulgadas la ley de matrimonio civil obligatorio y la llamada ley de conventos que otorgaba al gobierno el derecho de inspección en las casas religiosas. En el área educativa, en 1877 se decretó la enseñanza primaria gratuita y obligatoria en todo el país, con formación religiosa optativa, que sería eliminada en 1909. La ley de divorcio absoluto fue aprobada en 1907 y ampliada en años posteriores. El proceso culminó en 1917 con la separación de la Iglesia y del Estado establecida en la nueva Constitución.

«La presencia de la santa patrona, en Tres Cruces, en la misa campal que ofició Juan Pablo II (…) reafirmó el dulce rol de María, nuestra ‘capitana y guía'»

Si bien fortalecida desde 1859, a partir del nombramiento de Mons. Jacinto Vera, la Iglesia uruguaya, no estaba suficientemente preparada para enfrentar los embates del Estado laicista. De todos modos, pronto reveló una admirable capacidad de reacción. En primer lugar, la Iglesia ganó definición y compromiso por parte de sus fieles. Desde fines del siglo XIX, nunca ha sido un privilegio el ser católico, lo que otorga a la opción de fe una fuerza espiritual original en el contexto latinoamericano. La Iglesia contó también con conductores destacados: Jacinto Vera, el pastor, y Mariano Soler, el intelectual y el reformador. El apoyo que brindaron a la llegada de numerosas congregaciones religiosas femeninas y masculinas, consagradas a la educación y a las tareas sociales, dio carácter a este período ―Hermanas del Huerto, Hermanas Vicentinas, Hermanas Dominicas de Albi, Hijas de María Auxiliadora, Hermanas Teresas entre otras―. En cuanto a las congregaciones masculinas, a la ya antigua presencia de los Padres Jesuitas se agregó, en 1876, la acción de los Padres Salesianos, muy significativa desde entonces. Efectivamente frente a la red de escuelas públicas sin religión, la Iglesia tejió su propia red de escuelas confesionales. Además, a partir de 1889, la acción pastoral se estructuró en torno a la realización de Congresos, movilizadores del laicado, y promotores de una propuesta concreta: la mejor sociedad posible es aquella que se funda en la fe cristiana. Entre 1889 y 1911 se reunieron cuatro Congresos Católicos; entre 1900 y 1918 tuvieron lugar cuatro Congresos de los Círculos Católicos de Obreros, organizaciones de trabajadores fundadas a partir de 1885; las Semanas Sociales del Uruguay, se iniciaron en 1912, y se sucedieron hasta 1956.

La libertad: riesgos y promesas

Al acercarse a la década de 1920, el Uruguay moderno se hallaba consolidado. La separación de la Iglesia del Estado, concretada en 1919, posibilitó en primer lugar regularizar las designaciones de las autoridades eclesiásticas. Provistas las sedes vacantes de Montevideo, Salto y Melo, se superó un período de acefalía que había durado más de once años. La nueva etapa se caracterizó por el compromiso de los católicos en desarrollar sus propias instituciones. En 1934, siguiendo las normas de Pío XI, la Iglesia uruguaya lanzó la Acción Católica, un nuevo proyecto pastoral basado en la reorganización de las fuerzas laicales para promover el “apostolado religioso social”. Una nueva mística evangelizadora, la revitalización de la vida parroquial, la actividad especializada según cada situación y cada ambiente dieron importantes frutos hasta la década de 1960.

Hacia fines de los años 50, los tiempos de prosperidad y paz social del Uruguay parecían agotados. El deterioro del comercio internacional y el estancamiento productivo de la región incidieron en el clima de convivencia: las posiciones se radicalizaron, creció la emigración y se hicieron sentir fuertes presiones sindicales y estudiantiles. El sistema democrático sufrió cuestionamientos: a la debilidad y fraccionamiento de los partidos políticos, se agregó el desarrollo de la guerrilla tupamara, de inspiración marxista, y el creciente protagonismo del ejército. El deterioro institucional culminó en junio de 1973 con el golpe de estado que abrió doce años de dictadura. Tal vez la más grave de las crisis, o la que dejaría huellas más profundas, fue la crisis de confianza que la sociedad uruguaya había depositado en sus realizaciones y en sus potencialidades.

Desde mediados del siglo XX, también la Iglesia universal, latinoamericana y uruguaya venía transitando nuevos caminos. El nacimiento del Celam ―Consejo Episcopal Latinoamericano― en 1955, en Río de Janeiro, marcaba el inicio de la opción por la colegialidad. La convocatoria del Concilio Vaticano II, la fundación de la Conferencia Episcopal Uruguaya en 1965, la designación de Mons. Carlos Parteli como arzobispo de Montevideo, y la reunión de la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, en 1968, abrieron tiempos de renovación pastoral, con esperanzas y tensiones. Cambios litúrgicos, diálogo interreligioso y movimientos ecuménicos, comunidades renovadas, nuevas instancias de formación para sacerdotes, religiosos y laicos, desarrollo de la pastoral social y de la pastoral juvenil, suponían una relación nueva de la Iglesia con la sociedad uruguaya. Los cambios también implicaron resistencias e interpretaciones diversas.

La Iglesia uruguaya vivió la unidad en su diversidad. En 1961, la declaración, por Juan XXIII, de la Virgen de los Treinta y Tres como patrona del Uruguay y su coronación solemne en la Piedra Alta fueron signos de indudable valor. La presencia de la santa patrona, en Tres Cruces, en la misa campal que ofició Juan Pablo II, en 1987, en la primera visita de un papa al Uruguay, reafirmó el dulce rol de María, nuestra “Capitana y guía”.